Tributo estatal que somete a gravamen la prestación individualizada del servicio jurisdiccional a las personas jurídicas (en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social) como consecuencia, básicamente, de la interposición de demandas y recursos y calculada en función de la cuantía del procedimiento judicial o recurso con arreglo a las normas procesales. Su impago veda el acceso a la jurisdicción.
