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responsabilidad criminal de las personas jurídicas (criminal liability of legal entities)

Según la legislación penal española, cualesquier empresa, entidad o agrupación de personas que ostente personalidad jurídica puede ser sancionada penalmente con sanciones económicas o las denominadas penas interdictivas (disolución, suspensión, cláusura de los locales y establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las actividades o inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores) por un catálogo de delitos que se comentan en su seno:

  • Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos.
  • Delito de trata de seres humanos.
  • Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores.
  • Delito de descubrimiento y revelación de secretos.
  • Delitos de estafa.
  • Delitos de insolvencia punible.
  • Delito de daños informáticos.
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
  • Delito de blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
  • Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.
  • Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
  • Delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos.
  • Delito relativo a las radiaciones ionizantes. - Delito de estragos.
  • Delitos de tráfico de drogas.
  • Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
  • Delitos de cohecho.
  • Delitos de tráfico de influencias.
  • Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
  • Delito de captación de fondos para el terrorismo.
La persona jurídica responderá así penalmente en dos supuestos:
  1. Por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su provecho, por sus legales representantes y administradores de hecho o de derecho.
  2. Por los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, por quienes, estando sometidos a la autoridad de sus legales representantes o administradores de hecho o de derecho, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.
Una especial observación de las normas fijadas internamente puede conducir a la exención o atenuación de esta responsabilidad penal, mediante la implementación de los debidos sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención del delito, con el fin de intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal y, sus administradores, en riesgo serio de responsabilidad personal

responsabilidad criminal de las personas jurídicas (criminal liability of legal entities)
Según la legislación penal española, cualesquier empresa, entidad o agrupación de personas que ostente personalidad jurídica puede ser sancionada penalmente con sanciones económicas o las denominadas penas interdictivas (disolución, suspensión, cláusura de los locales y establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las actividades o inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores) por un catálogo de delitos que se comentan en su seno:
  • Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos.
  • Delito de trata de seres humanos.
  • Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores.
  • Delito de descubrimiento y revelación de secretos.
  • Delitos de estafa.
  • Delitos de insolvencia punible.
  • Delito de daños informáticos.
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
  • Delito de blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
  • Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.
  • Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
  • Delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos.
  • Delito relativo a las radiaciones ionizantes. - Delito de estragos.
  • Delitos de tráfico de drogas.
  • Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
  • Delitos de cohecho.
  • Delitos de tráfico de influencias.
  • Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
  • Delito de captación de fondos para el terrorismo.
La persona jurídica responderá así penalmente en dos supuestos:
  1. Por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su provecho, por sus legales representantes y administradores de hecho o de derecho.
  2. Por los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, por quienes, estando sometidos a la autoridad de sus legales representantes o administradores de hecho o de derecho, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.
Una especial observación de las normas fijadas internamente puede conducir a la exención o atenuación de esta responsabilidad penal, mediante la implementación de los debidos sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención del delito, con el fin de intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal y, sus administradores, en riesgo serio de responsabilidad personal
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