Según la legislación española, es la fase del procedimiento administrativo de la contratación con un órgano de la Administración Pública, en la que esta designa la persona, física o jurídica, con la que va a formalizarse el contrato. Los contratos administrativos han de adjudicarse por alguno de los siguientes cuatro sistemas: subasta, concurso-subasta, concurso y contratación directa.
